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Los modelos de protección social que se están construyendo actualmente en América Latina tiene su antecedente en la crisis de los ochenta y, yendo mas lejos aun, en las características de los anteriores modelos políticos y económicos.

En efecto, a fines de los sesenta latinoamericanos, en su conjunto, enfrentaban problemas en sus sistemas de protección social, que sumados a los efectos de la crisis de los 80 llevara a la ola de reformas neo liberales.

Los países de sistemas mas tempranos son por el déficit financiero de sus sistemas. Tanto en el caso de Argentina como en el de Chile y Uruguay los gastos de sus sistemas son superiores a sus ingresos lo que lleva a los estados a realizar crecientes transferencias fiscales y a intentar unificar los principales fondos o subsistemas sin lograr resolver los problemas.

La caída económica de la década del 80 agravó el déficit y gatilla una crisis en los sistemas de todos los países latinoamericanos. La disminución de los salarios reales repercute negativamente en el financiamiento de la seguridad social. A fines del decenio del ochenta, los déficits del sistema de seguridad social en Argentina, Cuba, Chile y Uruguay fluctuaban entre 5 % y 17 % del PIB Como una forma de reducir el déficit, muchos países permitieron una erosión del valor real de las pensiones y paralizaron la inversión en infraestructura y equipo sanitario. Los presupuestos de salud pública cayeron y se paralizaron las inversiones en infraestructura por casi 10 años.

En este contexto de crisis en la región, adquiere gran importancia los organismos financieros internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco mundial (BM). Estos a partir de fines de la década de los 80 presionan fuertemente por reformas neoliberales con reducción del estado, redefinición de su rol, liberalización de la economía y transformación de los sistemas de protección social.

La implementación de las reformas de corte neoliberal presenta diferencias en los distintos países de la región y es posible observar países que implementaron reformas radicales como Perú y otros que aplican ajustes suavizados como Costa Rica Y Uruguay. Los factores de determinan estas diferencias son de dos tipos: coyunturales y estructurales. [1]

Respecto de los factores coyunturales: la forma e intensidad de las reformas responde tanto a la relación de fuerza de los grupos partidarios u opositores a estas reformas como a la gravedad de la crisis económica. En contextos de crisis más intensas, los sindicatos pierden fuerza y legitimidad para defender los intereses de las clases asalariadas mientras que la influencia de los organismos financieros internacionales se fortalecía. Un elemento que también debe ser tomado en cuenta es la capacidad de movilización y aptitud para pactar alianzas. En Argentina, país en donde la movilización es tradicionalmente alta las organizaciones de pensionados y los sindicatos, apoyados por partidos de oposición se movilizaron contra reformas radicales que apuntaban a la privatización y reducción de beneficios. En Brasil y Uruguay, donde existen grupos de profesionales que tenían sus propios sistemas públicos, privilegiados y costosos, estos se movilizaron en su defensa. También presionaron grupos privados de prestadores de servicios como en el caso de Brasil donde el sector de las empresas privadas de salud tiene históricamente un rol clave en la extensión del sistema de salud. En el caso brasilero, el surgimiento de movimientos sociales nuevos permite, en el contexto de transición a la democracia (a principios de la década del 80) que la constitución incorpore políticas de tipo universalistas muy favorables a las demandas de estos movimientos emergentes.

Respecto de los factores estructurales: es posible identificar tres elementos importantes.

En primer lugar, la forma de las instituciones políticas. Implementar reformas neoliberales es altamente complejo en un sistema democrático en donde la distribución del poder esta determinada, por lo menos, por las preferencias del electorado. La realización de reformas impopulares puede traer fuertes. Las reformas radicales realizadas en Chile son posibles en un momento de alta concentración del poder político y de virtual inexistencia de grupos disidentes con capacidad de influencia. En países con sistemas democráticos el grado de radicalismo de las reformas esta determinada por la dispersión/concentración del poder político. Ejemplo de ello son los casos de Brasil y Uruguay. En el caso de brasil, la dispersión del poder debido a su estructura densamente federalista y en el caso de Uruguay el recurso del referéndum permitieron conservar privilegios y dilatar la implementación de las reformas neoliberales.

En segundo lugar, el sistema de partidos determina la concentración o dispersión del poder político. Un sistema fragmentado, como en Brasil o Uruguay, dificulta la generación de alianzas que apoyen las reformas. En cambio cuando se trata de un sistema cohesionado con grupos estables de partidos que tienden a mantener mayorías parlamentarias la implementación de reformas de fondo se ve favorecida como fue el caso de Argentina.

Finalmente, es importante considerar la existencia de nicho o grupos de privilegios fomentados bajo la vigencia de sistemas de protección social anteriores a los años ochenta. Las reformas de carácter global resultan más fáciles de realizar cuando estos no han cobrado tanta importancia.

[1] Le Bonniec, Yves. ENSAYOS/ESSAYS Sistemas de Protección Social Comparados: Colombia, Brasil y México1. Rev. salud pública. [online]. sep./dic. 2002, vol.4, no.3 [citado 18 Julio 2007], p.203-239.